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Consejos para defender a un socio ante la apertura de un expediente disciplinario por un Club Hípico

El artículo 22 de la Constitución Española proclama el derecho fundamental de asociación, teniendo estas entidades plena libertad de auto organización con base en lo que determinen sus estatutos, incluyendo la potestad disciplinaria.

Ahora bien, el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de un Club Hípico al igual que cualquier otra asociación, exige la obligación de tramitar un procedimiento disciplinario reglado con unas mínimas garantías procesales, en el que se informe previamente al socio expedientado de la apertura del expediente, los hechos que han motivado la incoación del mismo, la tipificación de la infracción cometida y el derecho a efectuar alegaciones.

La omisión del derecho del socio a realizar alegaciones y proposición de pruebas o la inexistencia de un reglamento disciplinario que tipifique expresamente la inflación que ha motivado la apertura del expediente serían argumentos suficientes para la nulidad de la posible sanción. No obstante, siempre es conveniente realizar un escrito negando los hechos, o en su caso argumentado los motivos que pudieran justificar lo ocurrido con la aportación de todas las pruebas de descargo que estuvieran a nuestro alcance, toda vez que cuando no podamos conseguir la nulidad o el sobreseimiento y archivo, existe siempre un margen para que nos apliquen la menor sanción posible en base a las circunstancias atenuantes que acreditemos.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta materia, señalando que las Asociaciones además de respetar en todo caso el derecho de audiencia y contradicción en la tramitación de un expediente disciplinario, deberán cuidar que las resoluciones contengan una base razonable para el acuerdo de expulsión, por lo que cuando la resolución sancionadora de la Junta Directiva del Club no cumple ninguna de estas premisas podremos proceder a su impugnación en el plazo de caducidad de cuarenta días naturales desde su notificación, mediante la presentación de una demanda civil de impugnación de acuerdos sociales ante los Juzgados de primera instancia de la localidad donde la asociación tenga su domicilio social.