BLOG DEL ABOGADO HÍPICO

Resposabilidad penal del profesor de equitacion

DSC_2006Mientras daba una clase de equitación, una alumna menor de edad sufrió una aparatosa caída al asustarse su caballo por una patada de otra yegua que trotaba delante de ella. La reacción del animal fue inesperada ya que nunca lo había hecho con anterioridad, pero el caso es que la alumna ha sufrido varias fracturas que le dejarán secuelas y sus padres me han denunciado penalmente acusándome de un delito de lesiones por imprudencia.

 Antes de que nada, debemos llamar la atención entre el distinto tratamiento que existe en nuestro ordenamiento jurídico por estos hechos entre la culpa penal y la civil. La culpa penal, vendría tipificada en nuestro Código Penal, según su gravedad, bien como un delito de lesiones (artículos 152 y 267), o como una falta (artículo 631), asentándose, en cualquiera de sus modalidades o grados, mientras que la responsabilidad civil se encuentra regulada en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil.

 La cuestión habría que centrarla en dilucidar si la causa principal y eficiente de la caída fue un accidente fortuito o imprevisto o como consecuencia de la actuación negligente de la profesora denunciada y su atribución siquiera a título de imprudencia leve, con directa relación de causalidad en el resultado lesivo producido en la alumna denunciante.

 Partiendo de lo manifestado en el relato de los hechos, siempre que coincida con la prueba que se practique en el Juicio, en nuestra opinión la actuación de la profesora de equitación no debe tener ninguna consideración penal, y por tanto deberá salir absuelta, ya que nos encontramos con un siniestro rayano al caso fortuito, en el que el deber de vigilancia del profesor no alcanzaría a la exigencia culpabilistica del tipo penal por el que se pretende la condena de la profesora de equitación denunciado, resultando aplicables los principios de presunción de inocencia e “in dubio pro reo” que amparan a todo acusado en el ámbito penal.

 Sin embargo, otra suerte muy distinta podría correr este mismo supuesto de hecho, si por parte de la lesionada, se plantease una reclamación en el ámbito civil, en base a la responsabilidad “in vigilando” de la profesora de equitación, en el que hasta la culpa levísima puede engendrar efectos indemnizatorios como venimos observando en numerosas resoluciones judiciales.

Compra de un pony con vicios ocultos

PONY DOMAHace tres meses compré un pony de 9 años a una hípica y por mi ignorancia no hicimos un contrato de compraventa. Ayer el pony empezó a cojear y me he informado de que hace dos años tuvo una lesión del tendón suspensor y estuvo año y medio en reposo y con medicación. Luego recayó otra vez y sus propietarios decidieron venderlo a la hípica donde yo lo he comprado. La hípica se excusa que ellos nunca vieron nada raro y no sabían nada de esta lesión. ¿Esto les exime de no ser responsables?. Antes de comprarlo fui con mi veterinario que le hizo un reconocimiento (sin radiografías) y me dijo que estaba sano.

A la hora de adquirir un animal, resulta enormemente recomendable que se recojan por escrito todas las condiciones de la venta, e incluso queden previstas otras circunstancias futuras con lo que podrán evitar disgustos y situaciones de conflicto como la que ahora se nos plantea. Como primera medida, le recomendamos que encargue un examen a un nuevo veterinario para conocer la causa de la cojera, su origen y asegurarse que esta proviene de una patología anterior de la que nadie le había informado en el momento de la venta.

Si el veterinario confirmara sus temores y se pudiera acreditar fehacientemente que la hípica que le vendió el caballo, conocía previamente de las existencia de las lesiones ocultas del pony, existe a nuestro juicio la posibilidad de intentar la declaración de nulidad del contrato de compraventa por posibles vicios del consentimiento, tales como error en el objeto, o dolo, si bien tales extremos suelen ser la práctica dificiles de demostrar ante un Juzgado por cuanto requieren de una prueba muy convincente para acreditar, que se han producido tales circunstancias.

En caso contrario, el artículo 1.496 del Código civil señala que la acción redhibitoria deberá interponerse dentro de los cuarenta días contados desde el de la entrega del animal al comprador, por lo que ya le habría caducado el plazo para la interposición de una demanda por vicios ocultos o redhibitorios contra la Hípica que le vendió el pony.

Ahora bien, dado que ha señalado que previamente contrató a un veterinario para que realizara al pony un “examen de precompra”, entendemos que sería viable exigir al facultativo una responsabilidad civil profesional por no haber detectado las patologías previas que presentaba el équido, siempre que pudiera acreditar que con el tipo de examen contratado, el veterinario tenía elementos suficientes para poder detectar la lesión, ya que si solo fuera posible detectarla mediante radiografías y estas no fueron contratadas, lógicamente no podría exigirle ninguna responsabilidad al veterinario.

Presentacion libro “Conflictos legales en los deportes hipicos”

IMG_4324Presentación de la obra Conflictos legales en los deportes hipicos. De Fernando Acedo Lluch (Editorial Reus, Madrid, 2014, 237 páginas)

En la tarde del pasado 29 de abril tuvo lugar en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla la presentación de la obra Conflictos legales en los deportes hípicos, de la que es autor el letrado sevillano Fernando Acedo Lluch.

Tras unas palabras de presentación y bienvenida de D. José Joaquín Gallardo, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, tomó la palabra el profesor D. Antonio Millán Garrido, quien, en su condición de director de la Colección de Derecho Deportivo de Editorial Reus y de presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, se refirió a la situación de esta entidad a los veinticinco años de su constitución, así como al editor, del que destacó su preocupación e interés por el Derecho del deporte.

A continuación, el maestro D. Manuel Olivencia, prologuista de la obra, deleitó al auditorio con una presentación de la misma precisa y brillante, con afectuosas referencias a la familia del autor, saga de prestigiosos juristas y con acertados apuntes de la obra, de su contenido y destacando la originalidad del método mas propio de la tradición en el derecho anglosajón del “cases book” y la claridad del leguaje utilizado, lo que permitirá su lectura y comprensión tanto a juristas como a cualquier aficionado al caballo lego en derecho.  

La última intervención fue la del autor, Fernando Acedo, quien agradeció la hospitalidad del Colegio de abogados, la concurrencia a la presentación del maestro D. Manuel Olivencia y del profesor D. Antonio Millan, haciendo después un breve resumen de las materias abordadas en el libro presentado, haciendo una reseña sobre el origen del proyecto, y del método utilizado.

Tras dar por concluido el acto el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, se sirvió una copa de vino al centenar de asistentes al acto.

Resolucion de compraventa de un caballo por defecto en el cuello

CUELLO 2Compramos un potro Pura Raza Española a un ganadero, tras su llegada a la finca, le notamos algo raro en el cuello por lo que decidimos llamar a un veterinario que le ha diagnosticado «cuello de gato» patología que puede dar problemas en el futuro. Hemos hablado con el vendedor y se niega a resolver la venta. Tan solo han pasado quince días desde que nos entregaron el caballo, ¿sería viable una reclamación judicial?

El «cuello de gato» se encuentra perfectamente definido en los tratados de veterinaria equina, siendo un defecto muy temido por los ganaderos de caballos Pura Raza Española. Consiste en una acumulación de grasa en el cuello, que por el peso se va venciendo hacia un lado. Este defecto va siendo más evidente a medida que el caballo va siendo mayor; en caballos jóvenes no se da o, si se da, no es frecuente ni normal, pero si en caballos ya un poco mayores, en los que tiene más incidencia. Es un defecto bastante grave ya que, si se les cae el cuello antes de pasar la revisión, no podrán ser declarados aptos como reproductores y, por tanto, no podrán tener la documentación que lo acredite como un caballo Pura Raza Española. Es por ello que muchos ganaderos retiran los sementales que tengan este defecto.

 Con los datos indicados, entendemos que sería perfectamente viable la interposición de una reclamación judicial con base en lo señalado en los artículos 1.491 a 1.499 del Código civil. No obstante, para que pueda prosperar, es necesario acreditar además del vicio o patología oculta del animal, el precio pagado y la fecha en la que le fue entregado. En caso de no indicarse nada al respecto en el contrato de venta, debe saber que el plazo legal para poder reclamar es de cuarenta días, siendo este un plazo de caducidad que no quedará interrumpido por ningún requerimiento previo, por lo que, transcurrido este breve espacio de tiempo sin haber interpuesto la correspondiente demanda, no podrá reclamar al vendedor por ningún defecto o vicio redhibitorio de su caballo.

Consejos para evitar situaciones de conflicto en la gestión de los centros ecuestres

imagesCAMA7IAVMuchos de los problemas derivados de la gestión de un centro ecuestre podrían evitarse si tomásemos algunas precauciones, tales como la señalización de las principales normas mediante carteles anunciadores, así como la redacción de unas normas de funcionamiento interno o reglamento de régimen  interior, al que deberán adherirse los clientes tras la firma del contrato, en el que se establezcan los horarios y condiciones de uso de las instalaciones, la obligatoriedad de montar con casco, necesidad que los menores estén acompañados de sus padres, prohibición de fumar en las cuadras, ubicación y custodia de las monturas y guarniciones, estacionamiento de vehículos etc…

 Resulta  fundamental que las condiciones del servicio de pupilaje que realicen en su centro ecuestre, vengan reflejadas en un documento contractual suscrito entre ambas partes, el cual no tiene por qué ser excesivamente complicado, debiendo reflejarse principalmente, además de los datos de identificación, una adecuada descripción del caballo, y el precio por cada uno de los servicios que han sido contratados. Respecto de la falta de pago, podría indicarse que el centro tendría derecho  de retención del animal hasta que no le sean abonados los gastos derivados de su pupilaje debidamente justificados, dado que nuestro Código Civil reconoce el derecho de retención por los gastos reintegrables a favor del acreedor.

Si por un error de diagnostico se produjera la muerte de mi caballo ¿Sería posible interponer una demanda judicial por mala praxis veterinaria?

images59MI2XBLLa responsabilidad médico-veterinaria basada en la negligencia profesional por infracción de la lex artis responde a idénticos parámetros que la medicina humana, el médico no se compromete a curar, sino a intentar curar, obligándose a la utilización de cuantos elementos conozca la ciencia (médico-veterinaria) de acuerdo con las circunstancias crónicas y tópicas en relación a un animal concreto, dando la información del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos.  En todo caso, el vetarinario deberá realizar las pruebas necesarias para emitir un diagnóstico exacto, siendo por tanto censurables y generadoras de responsabilidad civil todas aquellas conductas en la que se da omisión, negligencia, irreflexión, precipitación e incluso rutina, que causen resultados nocivos.

En el supuesto planteado resulta fundamental acreditar mediante todos los medios de prueba a nuestro alcance que el veterinario emitió un diagnóstico erróneo así como la no realización de pruebas tendentes a detectar una patología de especial gravedad, lo que constituye una exigencia propia del debido cumplimiento de la obligación de medios que el veterinario asume por la prestación de sus servicios y que resulta acorde y exigible de conformidad con la Lex artis y que no llevó a cabo.

Por todo ello, entendemos la existencia de responsabilidad civil contractual derivada de culpa profesional debiendo responder de los daños y perjuicios causados al propietario del animal tanto por la pérdida del mismo, como por los gastos veterinarios, y de eutanasia del équido, pudiendo ser reclamados los mismos a través del oportuno procedimiento judicial ante la jurisdicción civil.

Principales aspectos a tener en cuenta para la compra o arrendamiento de instalaciones hípicas

instalaciones

Hay dos importantes aspectos que debemos tener en cuenta ya que por un lado va a realizar la compra de una finca rustica con una serie de instalaciones y construcciones que deberán estar legalizadas y por otro pretende instalar en ella una actividad empresarial, para lo que en todo caso, necesitaría una licencia del Ayuntamiento de la localidad donde radique la finca, la cual si se ubica como suele ser habitual, dentro de una zona catalogada como suelo rustico, deberá cumplir una serie de requisitos que varían en función de las ordenanzas municipales, así como de la legislación que en dicha materia exista en su Comunidad Autónoma.

Lo primero que deberíamos hacer es realizar una visita al Ayuntamiento al que pertenezca al inmueble, para por un lado, solicitar la posibilidad de obtener una licencia de actividad en la finca y posteriormente la correspondiente licencia de apertura junto con la documentación necesaria para ello, así como comprobar si las construcciones existentes tales como las cuadras, guadarneses, almacenes, naves, y vivienda están legalizadas, verificando igualmente si su actual propietario está al corriente en el pago de impuestos municipales (IBI, Basuras etc…). Esta gestión es de suma importancia ya que con ello evitaríamos sorpresas desagradables, como la existencia de un expediente de expropiación, o de derribo por construcción ilegal etc.…

Otro aspecto no menos importante es el de los suministros, por lo que habrá que verificar que existe luz y agua corriente, y en caso de tener algún pozo, que este se encuentre legalizado, dadas las fuertes sanciones que podrían imponernos por captaciones ilegales de agua.

Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, habrá que decidir que forma jurídica debe tener esta actividad. En líneas generales, una empresa puede nacer como Autónomo, como Sociedad Limitada, puede ser una Sociedad Anónima o incluso como un Club Deportivo. Aunque hay otras figuras jurídicas, éstas son las más comunes. Para decidir que figura utilizar, deberá valorar convenientemente las necesidades económicas, si va a contar con algún socio y el régimen fiscal más conveniente para la actividad.

Por otro lado, antes de proceder a firmar el contrato o en su caso la escritura de compraventa, deberá comprobar la situación jurídica de la finca, para ello tendrá que solicitar un certificado de titularidad y cargas del Registro de la Propiedad correspondiente. En este certificado, debe constar que la titularidad de la finca pertenece al vendedor, así como la edificación existente, como la no existencia de cargas que graven la finca (fundamentalmente embargos e hipotecas)

Respecto del contrato de compraventa, debe saber que en virtud del principio de libertad de forma, puede formalizarse bien en documento privado, bien en documento público, es decir, autorizado por Notario, siendo muy conveniente hacerlo de esta forma pues sólo el contrato de compraventa que conste en escritura pública que, a su vez, se inscriba en el Registro de la Propiedad proporciona al comprador la seguridad jurídica de que no será atacado -demandado- en su propiedad (es decir, queda asegurado e invulnerable frente a reclamaciones o demandas por razón de vicios o defectos en la titularidad del vendedor o frente a la existencia de otros titulares no inscritos, o por razón de la existencia de deudas contraídas por el anterior propietario).

En cuanto al precio deberá tener en cuenta que además de la cantidad fijada de común acuerdo entre las partes, hay que contemplar los gastos de Notaría e inscripción en el Registro, así como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre el valor real de la adquisición, que en principio es el valor declarado en la escritura, sin perjuicio de las posibles comprobaciones de la Hacienda Pública.

Delitos en el ámbito ecuestre

Durante la celebración de un concurso social de saltos de obstáculos, uno de los empleados del club ha fallecido tras una descarga eléctrica mientras manipulaba por su cuenta, los cables de un cuadro eléctrico. Al Presidente y al Gerente del Club los han citado a declarar como imputados, por los delitos de homicidio por imprudencia y contra la salud los trabajadores.

salto 2

En el ámbito de las relaciones laborales rige el principio de protección del trabajador por lo que los responsables del Club, tienen el deber de velar con la diligencia debida que en las instalaciones deportivas, se hayan adoptado todas las medidas de seguridad a su alcance, por lo que habiéndose producido el accidente laboral descrito, a buen seguro que se les va a acusar de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia por la omisión de medidas de seguridad, toda vez que los cables de la megafonía, debían estar revisados, en perfecto estado y protegidos para que en caso de manipulación, no pudieran provocar una descarga eléctrica.

El artículo 142 del Código Penal tipifica el delito de homicidio imprudente y castiga al que por imprudencia grave causare la muerte de otro. Para determinar si la conducta de los responsables del Club es culposa se deberá valorar la previsibilidad o la probabilidad del resultado. Por otro lado, el delito contra la seguridad de los trabajadores se encuentra tipificado en el artículo 316 del Código Penal para los supuestos en los que se haya producido una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

 Como defensa, el Club podrá alegar que el trabajador accidentado, no era electricista y que estaba manipulando por su cuenta el cuadro eléctrico, sin que recibiera ninguna instrucción ni orden por parte de sus superiores, por lo que el resultado producido se debería imputar a la conducta del propio accidentado, aunque la jurisprudencia mas reciente esta condenando aun concurriendo estas circunstancias. Esta argumentación, tendrá mucha más relevancia en el ámbito de la responsabilidad civil, teniendo como consecuencia una disminución o moderación de la cuantía indemnizatoria, en virtud de la contribución de la víctima al resultado dañoso.

El transporte de caballos (I)

¿Qué requisitos se necesitan para poder transportar caballos por España?

El articulo 47 de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, establece que los medios de transporte de animales, deberán estar autorizados, al igual que la empresa propietaria, por la comunidad autónoma en que radiquen, cumplir las condiciones higiénico-sanitarias y de protección animal que se establezcan reglamentariamente, así como llevar los rótulos indicativos que proceda en cada circunstancia. El artículo 50 de esta norma, regula que para el movimiento de los animales será preceptivo la emisión de un certificado sanitario de origen emitido por un veterinario oficial.

El Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales, señala que  para estar inscritos en el Registro, los solicitantes deben demostrar que conocen y se comprometen a cumplir la legislación vigente en materia de sanidad y bienestar animal. Generalmente será la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de cada provincia, la encargada de emitir estos certificados.

Por ultimo, tras la entrada en vigor de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, resulta obligatorio poseer un certificado de “Bienestar del animal en el transporte”.

Regulación de la cesión de un caballo a un jinete (I)

Llegué a un acuerdo con un jinete por el que le cedía a fruto por pensión un caballo joven para competir en Concurso Completo. Tras un largo periodo de uso, le he solicitado al jinete la devolución del animal pero se niega a ello, exigiéndome el pago de los gastos invertidos en la manutención y cuidados durante los dos últimos dos años.

El contrato conocido en el mundo hípico como fruto por pensión, coincide en casi su totalidad, con en el contrato denominado en nuestro Código Civil como “comodato” o “préstamo de uso”, regulado en los artículos 1741 y siguientes, y que es definido como aquel contrato, esencialmente gratuito, en cuya virtud una parte recibe una cosa no fungible (aquellas que no desaparecen por su uso), en este caso el caballo, para usarla durante cierto tiempo, con la obligación de restituir la misma cosa recibida.

En caso que el contrato no recoja expresamente su duración, el jinete está obligado a la devolución del animal en el momento que sea requerido por su propietario. La negativa a la entrega del animal, dará lugar a la posible exigencia por los daños y perjuicios causados; a que el usuario responda de cualquier pérdida o menoscabo sufrido por la cosa, e incluso pudiera incurrir en infracción penal, concretamente, en un delito de apropiación indebida recogido en el artículo 252 Código Penal.

Respecto de la restitución de las cantidades invertidas en el cuidado del animal, resultan, tanto contractualmente como por lo regulado en el Código Civil, por cuenta del jinete, quien ex artículo 1743, resulta obligado a satisfacer los gastos ordinarios que sean necesarios para el uso y conservación de la cosa prestada sin derecho a indemnización alguna ya que se entiende que el beneficio obtenido por el jinete por el uso y disfrute del animal, deben compensarse con los gastos por el cuidado y manutención del mismo, sin que exista derecho de repetición ni de retención del animal, cuestión ésta expresamente prohibida por el artículo 1747 del Código Civil.