BLOG DEL ABOGADO HÍPICO

Ventajas e inconvenientes de adquirir un caballo en copropiedad

imagesCAMVOTEELos caballos al igual que el resto de los animales u objetos, pueden ser objeto de titularidad  compartida entre varias personas (socios, amigos, parejas, matrimonio, familiares etc…). La principal ventaja de este régimen consiste en un considerable ahorro en los costes de la compra del équido así como su manutención (pupilaje, veterinario, herraje etc….), los cuales a lo largo del tiempo pueden llegar a ser incluso superiores a los de su adquisición. Otro aspecto positivo lo encontramos en que la monta y entrenamiento lo podremos coordinar con el resto de propietarios con lo que si no disponemos de mucho tiempo durante la semana, evitaremos la obligación de tener que mover a diario el animal, situación que es ideal para jóvenes estudiantes o profesionales con amplias jornadas laborales. La participación de cada comunero en el animal se denominan “cuota”, siendo esta la medida o porcentaje a tener en cuenta para la resolución de cuestiones tan importantes como son el reparto de los gastos, de los premios o incluso de los beneficios tras su posible venta.

A nadie debe sorprenderle que en un régimen de copropiedad, puedan surgir situaciones de conflicto, dado que las decisiones nunca deberán tomarse unilateralmente sino de forma consensuada entre los restantes partícipes, de ahí que este sea el principal inconveniente de esta modalidad, puesto que la salud del condominio dependerá en gran medida de que pervivan las buenas relaciones entre los copropietarios.

Podemos evitar una gran parte de las posibles situaciones de conflicto que se puedan producir en el futuro, si en el momento de la adquisición del caballo, redactamos un documento que a modo de pacto societario se establezcan con suficiente claridad y concisión las principales condiciones  por las que va a regirse el uso y disfrute del animal. A título meramente enunciativo, entendemos que este documento debería reflejar, las cuotas de participación de cada propietario y las mayorías necesarias para alcanzar acuerdos en aquellos aspectos no acordados con anterioridad, el lugar de estabulación del caballo, el régimen de monta o entrenamiento por parte de los comuneros y su posible participación en competiciones, el veterinario que se va a ocupar de su salud, su posible utilización para cubriciones, la creación de un fondo de reserva para hacer frente a los gastos necesarios del mantenimiento, (cuantía y plazos de dichos pagos), establecimiento de limitaciones en la transmisión de las cuotas, asunción de pacto de indivisión durante un periodo de tiempo determinado, así como la fijación de causas específicas que den lugar a la extinción de la comunidad, como pueda ser la presentación de una oferta de compra en un precio determinado, el divorcio o incluso el fallecimiento de alguno de los copropietarios.

Presentación libro en Madrid Horse Week

 

 

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El pasado sábado 29 de noviembre dentro de las actividades culturales programadas por Madrid Horse Week en IFEMA, fue presentada la obra “Conflictos legales en los deportes hípicos” Editorial Reus (Madrid 2014) de la que es autor el abogado Fernando Acedo Lluch.

La obra fue presentada por Luis Poncela, director de la Revista Ecuestre y del portal www.ecuestreonline.com quien destacó la novedad editorial y su enorme utilidad como libro de consultas tanto para el profesional como el aficionado al caballo y los deportes hípicos.

En esta segunda edición de Madrid Horse Week, se han realizado numerosas actividades relacionadas con el mundo del caballo paralelamente a la competición deportiva que alberga el 6º Concurso de Saltos Internacional de la liga europea de la Copa del Mundo Longines y un Concurso de Doma Internacional 3*.

 

Requisitos para la apertura de un Centro Hipico

 

imagesCAJM35J1La explotación de cualquier actividad económica, máxime dentro del ámbito rural, requiere un gran número de autorizaciones y actuaciones muy diferentes en función del lugar donde radique la finca, dado que intervienen administraciones de distintos ámbitos con competencias en la materia, (Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y Estado).

 En primer lugar, debemos comprobar que las instalaciones con las que actualmente cuente la finca rustica (tales como cuadras, guadarnés, vestuario, almacenes, naves y vivienda), están legalizadas desde el punto de vista urbanístico y que sea legalmente posible añadir otras construcciones accesorias que pudiera necesitar para su negocio. Para ello deberá contactar con el área de urbanismo del Ayuntamiento donde radique la finca y le confirmen que las construcciones actuales se encuentran dentro de ordenación y así mismo les exponga su proyecto sobre las nuevas instalaciones que pretende realizar, para confirmar que estas son legalizables.

 Por otro lado, en el mismo Ayuntamiento, solicitaremos información sobre los aspectos necesarios para poder solicitar una licencia de apertura para una actividad de club hípico. Esta solicitud necesariamente deberá venir acompañada de un proyecto técnico suscrito por un profesional cualificado (arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores e ingenieros técnicos industriales) que permita emitir los correspondientes informes municipales, que variarán según las características y dimensión del negocio (informes urbanísticos, industriales, sanitarios, medioambientales o jurídicos). El proyecto debe contemplar todas las características del establecimiento y de la actividad a desarrollar: planos de ubicación y distribución, dimensiones, reformas a realizar, instalaciones y cumplimiento de las normas aplicables, tales como la prevención de incendios, la gestión de residuos orgánicos,  la accesibilidad de personas discapacitadas, etc…,

 Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, lo encontramos en el Real Decreto 804/2011 de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas, en cuyo artículo segundo se señala que se entenderá como explotación equina cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o manejen équidos o se expongan al público, con o sin fines lucrativos.

 Respecto a las condiciones de ubicación de las explotaciones, señala la citada norma en su articulado, que deberá respetar una distancia mínima de 200 metros con respecto a otras explotaciones equinas salvo los pastos, o con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda presentar un riesgo higiénico-sanitario. Además, deberá respetar una distancia mínima 100 metros de las siguientes vías públicas: ferrocarriles, autopistas y autovías, y a más de 25 metros de cualquier otra vía pública, salvo aquella por la que se acceda directamente a la entrada de la explotación, vías pecuarias, calzadas romanas u otras vías sin asfaltar. Quisiera destacar igualmente, el contenido del apartado tercero y cuarto del artículo cuatro del referido Real Decreto en el que encontraremos un listado con las condiciones generales de las construcciones e instalaciones y las Condiciones higiénico-sanitarias que deberá contar la explotación, así como el artículo cinco dedicado al Registro de Explotaciones Equinas que será gestionado a través de la Comunidad Autónoma donde radique la explotación.

 Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, habrá que decidir qué forma jurídica debe tener esta actividad. En líneas generales, una empresa puede nacer como autónomo, como sociedad limitada, puede ser una sociedad anónima o incluso como un club deportivo. Aunque hay otras figuras jurídicas, éstas son las más comunes. Para decidir qué figura utilizar, deberá valorar convenientemente las necesidades económicas, si va a contar con algún socio y el régimen fiscal más conveniente para la actividad.

 

Resposabilidad penal del profesor de equitacion

DSC_2006Mientras daba una clase de equitación, una alumna menor de edad sufrió una aparatosa caída al asustarse su caballo por una patada de otra yegua que trotaba delante de ella. La reacción del animal fue inesperada ya que nunca lo había hecho con anterioridad, pero el caso es que la alumna ha sufrido varias fracturas que le dejarán secuelas y sus padres me han denunciado penalmente acusándome de un delito de lesiones por imprudencia.

 Antes de que nada, debemos llamar la atención entre el distinto tratamiento que existe en nuestro ordenamiento jurídico por estos hechos entre la culpa penal y la civil. La culpa penal, vendría tipificada en nuestro Código Penal, según su gravedad, bien como un delito de lesiones (artículos 152 y 267), o como una falta (artículo 631), asentándose, en cualquiera de sus modalidades o grados, mientras que la responsabilidad civil se encuentra regulada en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil.

 La cuestión habría que centrarla en dilucidar si la causa principal y eficiente de la caída fue un accidente fortuito o imprevisto o como consecuencia de la actuación negligente de la profesora denunciada y su atribución siquiera a título de imprudencia leve, con directa relación de causalidad en el resultado lesivo producido en la alumna denunciante.

 Partiendo de lo manifestado en el relato de los hechos, siempre que coincida con la prueba que se practique en el Juicio, en nuestra opinión la actuación de la profesora de equitación no debe tener ninguna consideración penal, y por tanto deberá salir absuelta, ya que nos encontramos con un siniestro rayano al caso fortuito, en el que el deber de vigilancia del profesor no alcanzaría a la exigencia culpabilistica del tipo penal por el que se pretende la condena de la profesora de equitación denunciado, resultando aplicables los principios de presunción de inocencia e “in dubio pro reo” que amparan a todo acusado en el ámbito penal.

 Sin embargo, otra suerte muy distinta podría correr este mismo supuesto de hecho, si por parte de la lesionada, se plantease una reclamación en el ámbito civil, en base a la responsabilidad “in vigilando” de la profesora de equitación, en el que hasta la culpa levísima puede engendrar efectos indemnizatorios como venimos observando en numerosas resoluciones judiciales.

Compra de un pony con vicios ocultos

PONY DOMAHace tres meses compré un pony de 9 años a una hípica y por mi ignorancia no hicimos un contrato de compraventa. Ayer el pony empezó a cojear y me he informado de que hace dos años tuvo una lesión del tendón suspensor y estuvo año y medio en reposo y con medicación. Luego recayó otra vez y sus propietarios decidieron venderlo a la hípica donde yo lo he comprado. La hípica se excusa que ellos nunca vieron nada raro y no sabían nada de esta lesión. ¿Esto les exime de no ser responsables?. Antes de comprarlo fui con mi veterinario que le hizo un reconocimiento (sin radiografías) y me dijo que estaba sano.

A la hora de adquirir un animal, resulta enormemente recomendable que se recojan por escrito todas las condiciones de la venta, e incluso queden previstas otras circunstancias futuras con lo que podrán evitar disgustos y situaciones de conflicto como la que ahora se nos plantea. Como primera medida, le recomendamos que encargue un examen a un nuevo veterinario para conocer la causa de la cojera, su origen y asegurarse que esta proviene de una patología anterior de la que nadie le había informado en el momento de la venta.

Si el veterinario confirmara sus temores y se pudiera acreditar fehacientemente que la hípica que le vendió el caballo, conocía previamente de las existencia de las lesiones ocultas del pony, existe a nuestro juicio la posibilidad de intentar la declaración de nulidad del contrato de compraventa por posibles vicios del consentimiento, tales como error en el objeto, o dolo, si bien tales extremos suelen ser la práctica dificiles de demostrar ante un Juzgado por cuanto requieren de una prueba muy convincente para acreditar, que se han producido tales circunstancias.

En caso contrario, el artículo 1.496 del Código civil señala que la acción redhibitoria deberá interponerse dentro de los cuarenta días contados desde el de la entrega del animal al comprador, por lo que ya le habría caducado el plazo para la interposición de una demanda por vicios ocultos o redhibitorios contra la Hípica que le vendió el pony.

Ahora bien, dado que ha señalado que previamente contrató a un veterinario para que realizara al pony un “examen de precompra”, entendemos que sería viable exigir al facultativo una responsabilidad civil profesional por no haber detectado las patologías previas que presentaba el équido, siempre que pudiera acreditar que con el tipo de examen contratado, el veterinario tenía elementos suficientes para poder detectar la lesión, ya que si solo fuera posible detectarla mediante radiografías y estas no fueron contratadas, lógicamente no podría exigirle ninguna responsabilidad al veterinario.

Presentacion libro “Conflictos legales en los deportes hipicos”

IMG_4324Presentación de la obra Conflictos legales en los deportes hipicos. De Fernando Acedo Lluch (Editorial Reus, Madrid, 2014, 237 páginas)

En la tarde del pasado 29 de abril tuvo lugar en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla la presentación de la obra Conflictos legales en los deportes hípicos, de la que es autor el letrado sevillano Fernando Acedo Lluch.

Tras unas palabras de presentación y bienvenida de D. José Joaquín Gallardo, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, tomó la palabra el profesor D. Antonio Millán Garrido, quien, en su condición de director de la Colección de Derecho Deportivo de Editorial Reus y de presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo, se refirió a la situación de esta entidad a los veinticinco años de su constitución, así como al editor, del que destacó su preocupación e interés por el Derecho del deporte.

A continuación, el maestro D. Manuel Olivencia, prologuista de la obra, deleitó al auditorio con una presentación de la misma precisa y brillante, con afectuosas referencias a la familia del autor, saga de prestigiosos juristas y con acertados apuntes de la obra, de su contenido y destacando la originalidad del método mas propio de la tradición en el derecho anglosajón del “cases book” y la claridad del leguaje utilizado, lo que permitirá su lectura y comprensión tanto a juristas como a cualquier aficionado al caballo lego en derecho.  

La última intervención fue la del autor, Fernando Acedo, quien agradeció la hospitalidad del Colegio de abogados, la concurrencia a la presentación del maestro D. Manuel Olivencia y del profesor D. Antonio Millan, haciendo después un breve resumen de las materias abordadas en el libro presentado, haciendo una reseña sobre el origen del proyecto, y del método utilizado.

Tras dar por concluido el acto el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, se sirvió una copa de vino al centenar de asistentes al acto.

Resolucion de compraventa de un caballo por defecto en el cuello

CUELLO 2Compramos un potro Pura Raza Española a un ganadero, tras su llegada a la finca, le notamos algo raro en el cuello por lo que decidimos llamar a un veterinario que le ha diagnosticado «cuello de gato» patología que puede dar problemas en el futuro. Hemos hablado con el vendedor y se niega a resolver la venta. Tan solo han pasado quince días desde que nos entregaron el caballo, ¿sería viable una reclamación judicial?

El «cuello de gato» se encuentra perfectamente definido en los tratados de veterinaria equina, siendo un defecto muy temido por los ganaderos de caballos Pura Raza Española. Consiste en una acumulación de grasa en el cuello, que por el peso se va venciendo hacia un lado. Este defecto va siendo más evidente a medida que el caballo va siendo mayor; en caballos jóvenes no se da o, si se da, no es frecuente ni normal, pero si en caballos ya un poco mayores, en los que tiene más incidencia. Es un defecto bastante grave ya que, si se les cae el cuello antes de pasar la revisión, no podrán ser declarados aptos como reproductores y, por tanto, no podrán tener la documentación que lo acredite como un caballo Pura Raza Española. Es por ello que muchos ganaderos retiran los sementales que tengan este defecto.

 Con los datos indicados, entendemos que sería perfectamente viable la interposición de una reclamación judicial con base en lo señalado en los artículos 1.491 a 1.499 del Código civil. No obstante, para que pueda prosperar, es necesario acreditar además del vicio o patología oculta del animal, el precio pagado y la fecha en la que le fue entregado. En caso de no indicarse nada al respecto en el contrato de venta, debe saber que el plazo legal para poder reclamar es de cuarenta días, siendo este un plazo de caducidad que no quedará interrumpido por ningún requerimiento previo, por lo que, transcurrido este breve espacio de tiempo sin haber interpuesto la correspondiente demanda, no podrá reclamar al vendedor por ningún defecto o vicio redhibitorio de su caballo.

Consejos para evitar situaciones de conflicto en la gestión de los centros ecuestres

imagesCAMA7IAVMuchos de los problemas derivados de la gestión de un centro ecuestre podrían evitarse si tomásemos algunas precauciones, tales como la señalización de las principales normas mediante carteles anunciadores, así como la redacción de unas normas de funcionamiento interno o reglamento de régimen  interior, al que deberán adherirse los clientes tras la firma del contrato, en el que se establezcan los horarios y condiciones de uso de las instalaciones, la obligatoriedad de montar con casco, necesidad que los menores estén acompañados de sus padres, prohibición de fumar en las cuadras, ubicación y custodia de las monturas y guarniciones, estacionamiento de vehículos etc…

 Resulta  fundamental que las condiciones del servicio de pupilaje que realicen en su centro ecuestre, vengan reflejadas en un documento contractual suscrito entre ambas partes, el cual no tiene por qué ser excesivamente complicado, debiendo reflejarse principalmente, además de los datos de identificación, una adecuada descripción del caballo, y el precio por cada uno de los servicios que han sido contratados. Respecto de la falta de pago, podría indicarse que el centro tendría derecho  de retención del animal hasta que no le sean abonados los gastos derivados de su pupilaje debidamente justificados, dado que nuestro Código Civil reconoce el derecho de retención por los gastos reintegrables a favor del acreedor.

Si por un error de diagnostico se produjera la muerte de mi caballo ¿Sería posible interponer una demanda judicial por mala praxis veterinaria?

images59MI2XBLLa responsabilidad médico-veterinaria basada en la negligencia profesional por infracción de la lex artis responde a idénticos parámetros que la medicina humana, el médico no se compromete a curar, sino a intentar curar, obligándose a la utilización de cuantos elementos conozca la ciencia (médico-veterinaria) de acuerdo con las circunstancias crónicas y tópicas en relación a un animal concreto, dando la información del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos.  En todo caso, el vetarinario deberá realizar las pruebas necesarias para emitir un diagnóstico exacto, siendo por tanto censurables y generadoras de responsabilidad civil todas aquellas conductas en la que se da omisión, negligencia, irreflexión, precipitación e incluso rutina, que causen resultados nocivos.

En el supuesto planteado resulta fundamental acreditar mediante todos los medios de prueba a nuestro alcance que el veterinario emitió un diagnóstico erróneo así como la no realización de pruebas tendentes a detectar una patología de especial gravedad, lo que constituye una exigencia propia del debido cumplimiento de la obligación de medios que el veterinario asume por la prestación de sus servicios y que resulta acorde y exigible de conformidad con la Lex artis y que no llevó a cabo.

Por todo ello, entendemos la existencia de responsabilidad civil contractual derivada de culpa profesional debiendo responder de los daños y perjuicios causados al propietario del animal tanto por la pérdida del mismo, como por los gastos veterinarios, y de eutanasia del équido, pudiendo ser reclamados los mismos a través del oportuno procedimiento judicial ante la jurisdicción civil.

Principales aspectos a tener en cuenta para la compra o arrendamiento de instalaciones hípicas

instalaciones

Hay dos importantes aspectos que debemos tener en cuenta ya que por un lado va a realizar la compra de una finca rustica con una serie de instalaciones y construcciones que deberán estar legalizadas y por otro pretende instalar en ella una actividad empresarial, para lo que en todo caso, necesitaría una licencia del Ayuntamiento de la localidad donde radique la finca, la cual si se ubica como suele ser habitual, dentro de una zona catalogada como suelo rustico, deberá cumplir una serie de requisitos que varían en función de las ordenanzas municipales, así como de la legislación que en dicha materia exista en su Comunidad Autónoma.

Lo primero que deberíamos hacer es realizar una visita al Ayuntamiento al que pertenezca al inmueble, para por un lado, solicitar la posibilidad de obtener una licencia de actividad en la finca y posteriormente la correspondiente licencia de apertura junto con la documentación necesaria para ello, así como comprobar si las construcciones existentes tales como las cuadras, guadarneses, almacenes, naves, y vivienda están legalizadas, verificando igualmente si su actual propietario está al corriente en el pago de impuestos municipales (IBI, Basuras etc…). Esta gestión es de suma importancia ya que con ello evitaríamos sorpresas desagradables, como la existencia de un expediente de expropiación, o de derribo por construcción ilegal etc.…

Otro aspecto no menos importante es el de los suministros, por lo que habrá que verificar que existe luz y agua corriente, y en caso de tener algún pozo, que este se encuentre legalizado, dadas las fuertes sanciones que podrían imponernos por captaciones ilegales de agua.

Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, habrá que decidir que forma jurídica debe tener esta actividad. En líneas generales, una empresa puede nacer como Autónomo, como Sociedad Limitada, puede ser una Sociedad Anónima o incluso como un Club Deportivo. Aunque hay otras figuras jurídicas, éstas son las más comunes. Para decidir que figura utilizar, deberá valorar convenientemente las necesidades económicas, si va a contar con algún socio y el régimen fiscal más conveniente para la actividad.

Por otro lado, antes de proceder a firmar el contrato o en su caso la escritura de compraventa, deberá comprobar la situación jurídica de la finca, para ello tendrá que solicitar un certificado de titularidad y cargas del Registro de la Propiedad correspondiente. En este certificado, debe constar que la titularidad de la finca pertenece al vendedor, así como la edificación existente, como la no existencia de cargas que graven la finca (fundamentalmente embargos e hipotecas)

Respecto del contrato de compraventa, debe saber que en virtud del principio de libertad de forma, puede formalizarse bien en documento privado, bien en documento público, es decir, autorizado por Notario, siendo muy conveniente hacerlo de esta forma pues sólo el contrato de compraventa que conste en escritura pública que, a su vez, se inscriba en el Registro de la Propiedad proporciona al comprador la seguridad jurídica de que no será atacado -demandado- en su propiedad (es decir, queda asegurado e invulnerable frente a reclamaciones o demandas por razón de vicios o defectos en la titularidad del vendedor o frente a la existencia de otros titulares no inscritos, o por razón de la existencia de deudas contraídas por el anterior propietario).

En cuanto al precio deberá tener en cuenta que además de la cantidad fijada de común acuerdo entre las partes, hay que contemplar los gastos de Notaría e inscripción en el Registro, así como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre el valor real de la adquisición, que en principio es el valor declarado en la escritura, sin perjuicio de las posibles comprobaciones de la Hacienda Pública.