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¿LA PUBLICACION DE UNA NOTICIA SOBRE UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL DEL PRESIDENTE DE UNA FEDERACION HIPICA PUEDE ATENTAR CONTRA SU DERECHO AL HONOR?

El derecho a la libertad de expresión y de la información está reconocido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española que reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión. El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la libertad de información, no solo protege un interés individual sino que entraña el reconocimiento y garantía de la existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático.

Por otro lado, es cierto que el derecho al honor también está garantizado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, por lo que cuando se produce una colisión o conflicto entre ambos derechos la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado  reiteradamente que prevalecerá el derecho a la información sobre el derecho al honor, siempre que concurran estos tres requisitos: veracidad informativa, interés público y ausencia de manifestaciones insultantes.

En consecuencia, si la noticia publicada esta contrastada y fuera cierto que existe una denuncia o actuación por fraude fiscal, se trataría de un hecho relevante de interés general dada la condición del denunciado de Presidente de una Federación deportiva, máxime si está dirigido a los aficionados hípicos por lo que si el periodista se limitara a reproducir los hechos o incluso a dar su opinión sin incurrir en ninguna manifestación vejatoria o injuriosa, cabría señalar que la noticia no estaría vulnerando el derecho al honor del directivo federativo y por tanto cualquier acción penal contra el medio de comunicación tendría muy corto recorrido.

CONSECUENCIAS DEL BREXIT PARA EL DEPORTE DEL POLO

Tras el referéndum celebrado en el Reino Unido en el mes de junio de 2016, con un resultado de un 51,9% a favor del “Brexit”, los británicos han optado por abandonar la Unión Europea (UE), donde ingresaron en 1973 cuando por entonces el bloque era conocido como la Comunidad Económica Europea. El pasado 29 de marzo de 2017 el gobierno del Reino Unido notificó formalmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE. Tras ello se ha abierto una fase de negociaciones que concluirá el próximo 29 de marzo de 2019, fecha en la que, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido estará fuera de la UE.

Las negociaciones para la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea están siendo muy lentas y complicadas dada la cantidad de intereses económicos, financieros y comerciales que están en juego, por lo que es posible que se pacte un periodo transitorio a partir del 30 de marzo de 2019, durante el cual el Reino Unido permanecería en el mercado único y la unión aduanera, así como bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE. Una vez transcurra el periodo transitorio, la realidad es que irreversiblemente el Reino Unido dejará de formar parte de la UE, con lo que dicho estado aplicará sus propias leyes en materias que afectarán sensiblemente a la actividad económica en su relación con los restantes estados miembros de la UE.

 El deporte en general y el Polo en particular, tanto en su dimensión social como en su indisoluble vertiente económica, se verán necesariamente afectados por esta nueva situación. Es cierto que la aplicación de las normas económicas comunitarias a la actividad deportiva ha sido objeto de importantes controversias jurídicas dado que en el tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea, no existía ningún título competencial expreso que regulara la materia deportiva. Ante esta ausencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ido desarrollando una importantísima jurisprudencia sobre la aplicación al deporte, de las normas reguladoras del mercado interior comunitario. Las primeras Sentencias datan de 12 de diciembre de 1974, “asunto Walrave” y de 14 de julio de 1976, “asunto Doná”. En estas resoluciones el TJUE estableció que el derecho comunitario era aplicable a la actividad deportiva cuando esta constituya “actividad económica”. Posteriormente, la conocida Sentencia de 15 de diciembre de 1995, sobre el “caso Bosman”, convulsionó las estructuras deportivas, al declarar que las cláusulas que limitaban alinear a un determinado número de jugadores profesionales de otros estados miembros, constituían un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores en la UE, y por tanto, estas limitaciones resultaban contrarias al artículo 48 del Tratado de la CE (actualmente art. 39).

La jurisprudencia del TJUE, ha motivado importantes modificaciones en los reglamentos de las federaciones deportivas nacionales de los estados miembros de la UE, que irrevocablemente, han tenido que adaptarse a las exigencias del Derecho Comunitario, de ahí que en los Reglamentos de la Real Federación Española de Polo (RFEP), existan los mismos derecho de acceso a las competiciones deportivas de los jugadores españoles, comunitarios y residentes.

 En el momento que el Reino Unido deje de formar parte de la UE, y no se lograra alcanzar ningún acuerdo sobre la libre circulación de trabajadores en ambos territorios, los jugadores profesionales de polo de nacionalidad británica, pasarán a ser considerados extranjeros no comunitarios con lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del Reglamento General de la RFEP, en los torneos oficiales no podrá jugar ningún jugador no comunitario esponsorizado no residente con menos de 3 goles de hándicap, a no ser que ya tenga hándicap español y que hayan jugado uno de los torneos oficiales del calendario de la RFEP y hayan sido examinado por la mayoría de los miembros del comité de hándicap.

 Paralelamente, como consecuencia del Brexit, los jugadores españoles que quieran participar en torneos oficiales de polo en el Reino Unido, también encontrarán mayores dificultades en el acceso y participación en los torneos que se celebren en el Reino Unido, aunque lo cierto es que la Hurlingham Polo Association (HPA) a diferencia de los que ocurre en la RFEP, nunca ha aceptado equiparar los derechos de los jugadores nacionales con los comunitarios, a los que denomina “migrant” sin distinción alguna con el resto de extranjeros no comunitarios, los cuales tendrían que jugar con un hándicap mínimo con independencia de su hándicap real, en todos sus torneos del mediano y alto hándicap, por lo que en este sentido no creemos que vaya a ser relevante la nueva situación.

 En definitiva, aunque todavía pueda ser pronto para conocer las verdaderas consecuencias que tendrá en Brexit sobre el deporte del polo, resulta innegable que afectará a numerosos equipos con jugadores británicos esponsorizados que participen en torneos de polo españoles, que se verán igualmente condicionados por otras restricciones de similar naturaleza a las que se deriven en materia económica en otros aspectos comerciales más allá de la obtención de la residencia o permisos de trabajo, como por ejemplo la compraventa de caballos de polo, el transporte de los caballos entre ambos territorios, así como los posibles aranceles a la compraventa de otros bienes y servicios relacionados con la práctica del polo así como su régimen fiscal.

HOW TO START-UP AN EQUESTRIAN CLUB IN SPAIN

The start-up of an equestrian center in Spain, requires first defining the legal regime on which you want to operate. Since it is a commercial activity that can be developed through a physical person as an independent professional, a commercial company, a sports association or even through a foundation.

Before deciding which legal form to use, we must conveniently assess the economic objectives of the activity, the possible need to obtain financing, the number of partners we have, as well as the most convenient taxes.

The benefits of the self-employed are subject to the IRPF tax in the corresponding scale, while the mercantile companies are taxed by the Corporation Tax at a fixed rate. The advantage that their partners will not respond with their equity (except cases of fraudulent management), of the debts contracted by the company.

The clubs or sports associations, like the foundations, enjoy greater tax advantages, since they are exempt from Corporate Tax because they are non-profit entities. These entities can hire personnel and perform all kinds of economic activity with the particularity that they cannot distribute benefits among their promoters. In this case of obtaining benefits they must always be reinvested in the fulfillment of the entity’s purposes.

Firstly, for the constitution of a sports association or “Equestrian Club” to be formed, we must write a founding act by at least three partners, in which a provisional Board of Directors (President, Secretary and Treasurer) will be appointed to carry out the execution all the necessary legal procedures.

Secondly, it will be necessary to elaborate the Bylaw, whose content must be in accordance with the sports legislation of the Autonomous Community where the Club has its address, and must be registered in the Register of Sports Entities authorized for this purpose.

Thirdly, once recorded in the corresponding Registry of Sport Entities, you must request the issuance of a federative license in the corresponding equestrian federation. After which, we will have completed all the necessary procedures for the constitution of an “Equestrian Club”.

Finally, we will get a tax identification number from the tax administration office, and then request the town hall administration for the activity license and opening license.

¿QUIEN SE ADJUDICARÍA EL CABALLO PROPIEDAD DE UNA PAREJA EN CASO DE RUPTURA?

Cuando se produce la ruptura sentimental de una pareja que ha compartido la titularidad de un caballo resulta necesario que sus propietarios alcancen un acuerdo respecto a su atribución o destino. Sin embargo con frecuencia ocurre que como consecuencia de intereses contrapuestos o incluso por los lazos de afectividad hacia estos bellos animales, no sea posible alcanzar una solución negociada, lo que nos obligaría a acudir a los Tribunales para determinar a quién le corresponde su uso y disfrute así como la obligación de sufragar los gastos de pupilaje y mantenimiento.

Nuestro ordenamiento jurídico califica a los caballos como semovientes, lo que implica que pueden ser propiedad de un solo dueño o copropiedad de varias personas, por lo que cuando se adquiere un caballo de manera conjunta por una pareja sentimental de cualquier tipo, incluso aunque estén casados y con independencia de su régimen económico, debemos acudir a las normas de la comunidad de bienes reguladas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil. No obstante, dado se trata de un ser vivo que por su naturaleza es indivisible además de requerir unos cuidados diarios, las únicas opciones posibles serían que el bien pasara a alguno de los dueños con obligación de abono al otro copropietario de una indemnización, que el caballo se vendiera a un tercero y se repartiera el precio o por ultimo que se establezca una tenencia compartida del animal por determinados periodos de tiempo

La jurisprudencia en los últimos años en supuestos similares, se viene pronunciado estableciendo como solución más favorable la atribución de un régimen de uso alterno (al igual que ocurre con la custodia compartida) de manera que cada propietario pueda disfrutar en exclusiva del caballo durante periodos trimestrales o semestrales asumiendo cada parte los gastos de su mantenimiento en igual proporción, mientras los copropietarios no quieran vender el animal.

TEN THINGS TO CONSIDER BEFORE BUYING A HORSE

1º. Although it seems obvious, writing a simple contract will avoid many future problems. It is also important to sign the date and the place of subscription of the document, to determine the applicable law and be able to compute the deadlines to claim for any type of breach.

2º. It is important to pay attention in order to accurately fill in all the information of the seller and buyer. In addition, we need to ensure the seller is the true owner of the horse.

3º. The horse must be identified as widely as possible, including all documentation that is available: The Certificate of Origin, Equine Identification Document or Passport, Microchip Number, etc…

 4º. The price is an essential element as well as the form of payment. I recommend always documenting the price paid otherwise in case of conflict, it can be complicated to reclaim the money.

5º. It is important to remember that buying a horse is not tax free. Therefore, we must be aware of the tax laws in effect at the location where the horse is bought.

6º. The object or discipline to which the horse is destined is very important to note because if the horse does not meet the requirements of the discipline, the contract could be declared null and void. This is independent from the legal terms regarding the exercise of actions for hidden defects.

7º. It is recommended to obtain a pre-purchase veterinary exam. The results from this exam should be included in the sale contract because it could shift the responsibility, in the event of an error in the exam, from the seller to the veterinary.

8º. We know that a horse can be injured or sick at any time, so it is recommended to indicate the place and time of delivery of the horse to the buyer. Also to determined who is responsible for the expenses and responsibility for the transport if needed.

9º. Regarding the deadlines to claim for hidden defects, the parties can freely agree on a longer period, an aspect that can make more secure the sale and appeal to both the buyer and seller.

10º. Finally, we recommend a provincial capital court be designated as an express jurisdiction for litigation, in order to avoid the higher costs of travel and delay that the competent courts in the rural area usually accumulate.

EQUESTRIAN CENTER LIABILITY RELEASE

Horses and ponies bring a great deal of pleasure to those around them but they are unpredictable animals. Anyone who works around, handles, or cares for them should understand the risks. Those of you who run your own equestrian business, no matter how big or small, understand that horses can be dangerous animals and accidents do happen.

The responsibility is greater when you are an instructor because you have a duty to ensure your clients are riding safely. Failure to do so may result in an incident which causes your client to suffer injury or property damage. This can lead them making a claim against you if you are found negligent, leading to high costs. You can be sued for compensation for death, injury, or damage to private property caused by horses.

A waiver and release form is typically used to protect an equestrian center or their instructors from liability resulting from dangerous activities by asking the client to sign a release prior to participation. Liability Waiver forms are provided for both adults and minors. Despite the regular use of liability forms, there is a widespread skepticism about their effectiveness. In fact, many Courts have even declared the liability release to not be worth the paper.

Although every jurisdiction has its own criteria for determining the enforceability of release language, the fact is a well written liability release will provide a strong defense before and after a lawsuit has commenced. Therefore, the terms of a liability release should thoroughly inform the participant of the inherent risks related to equestrian activities. The more specific, the better.

A generic statement such as “horseback riding can be dangerous” does not sufficiently explain the risks. The liability release should include an explanation as to why horseback riding can be dangerous and should specify all parties being released including the business entity, the owners, the employees, and the independent contractors. It is equally important that the proper parties sign the liability release.

A person signing a liability release can only sign away his or her own rights. Thus, it is necessary that family members, guests, and spectators sign liability releases as well. However, minors cannot sign away their legal rights. It is important to have a parent or guardian sign a liability release. This serves merely as a release to the parents’ own right to sue, not their child’s right.

In general, liability releases should be considered to protect yourself and your equine business. It is essential that a knowledgeable lawyer carefully scrutinizes your liability release to ensure compliance with state laws and optimal protection for you. If you are an equestrian center owner, an equestrian instructor or involved in equestrian sport-related matters and require a liability waiver form, it is important to seek advice with an equestrian lawyer.

Consejos para defender a un socio ante la apertura de un expediente disciplinario por un Club Hípico

El artículo 22 de la Constitución Española proclama el derecho fundamental de asociación, teniendo estas entidades plena libertad de auto organización con base en lo que determinen sus estatutos, incluyendo la potestad disciplinaria.

Ahora bien, el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de un Club Hípico al igual que cualquier otra asociación, exige la obligación de tramitar un procedimiento disciplinario reglado con unas mínimas garantías procesales, en el que se informe previamente al socio expedientado de la apertura del expediente, los hechos que han motivado la incoación del mismo, la tipificación de la infracción cometida y el derecho a efectuar alegaciones.

La omisión del derecho del socio a realizar alegaciones y proposición de pruebas o la inexistencia de un reglamento disciplinario que tipifique expresamente la inflación que ha motivado la apertura del expediente serían argumentos suficientes para la nulidad de la posible sanción. No obstante, siempre es conveniente realizar un escrito negando los hechos, o en su caso argumentado los motivos que pudieran justificar lo ocurrido con la aportación de todas las pruebas de descargo que estuvieran a nuestro alcance, toda vez que cuando no podamos conseguir la nulidad o el sobreseimiento y archivo, existe siempre un margen para que nos apliquen la menor sanción posible en base a las circunstancias atenuantes que acreditemos.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta materia, señalando que las Asociaciones además de respetar en todo caso el derecho de audiencia y contradicción en la tramitación de un expediente disciplinario, deberán cuidar que las resoluciones contengan una base razonable para el acuerdo de expulsión, por lo que cuando la resolución sancionadora de la Junta Directiva del Club no cumple ninguna de estas premisas podremos proceder a su impugnación en el plazo de caducidad de cuarenta días naturales desde su notificación, mediante la presentación de una demanda civil de impugnación de acuerdos sociales ante los Juzgados de primera instancia de la localidad donde la asociación tenga su domicilio social.

¿Es lícito el cobro de comisiones por parte de los profesores o entrenadores en las compraventas de caballos de sus alumnos?

Tradicionalmente en el sector ecuestre, es bastante habitual que se devenguen comisiones entre los profesionales que intervienen en el asesoramiento para la compra o venta de un caballo. Estos pagos serían lícitos siempre y cuando el comprador conozca de su existencia y se emitan las facturas correspondientes con transparencia y claridad.

El supuesto contrario, esto es, el cobro de comisiones por parte del profesor o entrenador sin el conocimiento y autorización de la parte compradora, situación que es mas habitual de lo deseable, además de ser a nuestro juicio moralmente reprobable, podría llegar a suponer, además de otras infracciones de índole fiscal, un ilícito penal si, como consecuencia del asesoramiento del profesor, en quien el alumno y su familia han depositado toda su confianza, éste le incita a comprar un caballo que no es apto para su nivel o características, con el único fin de embolsarse una jugosa comisión y todo ello en connivencia con la parte vendedora.

¿Podemos reclamar ante el robo de una montura en las instalaciones del Club Hípico donde está estabulado nuestro caballo?

El contrato de pupilaje o manutención es un contrato atípico y complejo en el que se combinan distintas relaciones jurídicas, ya que implica un contrato de arrendamiento de cosa, para la cuadra; un contrato de arrendamiento de servicios, para el cuidado del animal; un contrato de obra, para la comida y, finalmente, un contrato de depósito necesario de los efectos introducidos en el Club Hípico con ocasión del pupilaje, en este caso del caballo, montura y demás guarniciones.

El artículo 1766 del Código Civil, establece como norma general que el depositario queda obligado a restituir la cosa cuando le sea pedida por el depositante, regulándose su responsabilidad en los casos de pérdida o sustracción. Ahora bien, la jurisprudencia y doctrina científica nos enseña que debe distinguirse el contrato de depósito propiamente dicho, que no tiene otra finalidad sino la guarda y custodia de bienes a disposición del depositante, de otros negocios jurídicos en los que como en el presente supuesto, el deber de custodia es accesorio a otras prestaciones con finalidad y naturaleza jurídica diferentes. En estos casos, se admiten determinadas matizaciones respecto al deber u obligaciones que correspondería al mero depositario y por tanto, el Club podría quedar exonerado, si acredita haber tomado todas las medidas de seguridad a su alcance para evitar el robo, o bien el cliente usuario de las instalaciones, hubiera tenido una falta de diligencia o no hubiese cumplido con las normas de seguridad establecidas por el Club a estos efectos.

Llegados a este punto y aunque será necesario analizar todas las circunstancias de cada caso, mi opinión inicial sería favorable a la reclamación, toda vez que aunque existiera un cartel indicando que la dirección del Club no se hace responsable de las sustracciones que se produzcan en las instalaciones hípicas, ello no les exime de su obligación de desplegar la diligencia normal para la guardia y custodia de las cosas, según las circunstancias de las personas, tiempo y del lugar y en consecuencia si el Club hípico no realizó correctamente su deber de vigilancia, deberá indemnizar a su cliente del perjuicio causado por la sustracción de la montura.

DIEZ CONSEJOS PARA REDACTAR UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CABALLO

Looking over a horse lease agremeentEn infinidad de ocasiones mis lectores me han solicitado un modelo de contrato de compraventa de caballo con el objeto de salir del paso de cualquier acuerdo rellenando sus casillas como si fuera un formulario. Sin embargo, al igual que no existen dos caballos iguales, la utilización de un formulario tipo nos puede llevar a cometer importantes errores si no tenemos en cuenta que cada negocio es distinto en función de los pactos y circunstancias personales de las partes, de ahí que en vez de facilitaros un modelo, he considerado más adecuado reflexionar sobre los diez aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar este importante documento:

 1º.- Aunque parezca una obviedad, la fecha y el lugar de suscripción del documento tienen importantes consecuencias jurídicas, tanto para determinar la Ley aplicable, como para poder computar los plazos para reclamar por cualquier tipo de incumplimiento.

 2º.-Coviene que nos fijemos en cumplimentar correctamente todos los datos del vendedor, del que debemos asegurarnos que es el verdadero dueño del caballo, así como los datos del comprador. Los domicilios de ambas partes tendrán importantes efectos legales, tanto por ser el lugar donde tendrán que practicarse las notificaciones como en el supuesto que hubiera que interponer una acción judicial y no se haya pactado un fuero expreso.

 3º.- El caballo objeto de la compraventa debe estar identificado de la forma más amplia posible, indicando toda la documentación de la que se disponga, su Carta de Origen si la hubiere, Documento de Identificación Equina o Pasaporte, número de microchip, OCA en la que esté inscrito etc…

 4º.- El precio es un elemento esencial como también la forma de pago, en este sentido, aunque nos preocupen las consecuencias fiscales tanto por la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a mil euros, como por los impuestos que se devenguen por la compraventa, recomiendo reseñar siempre el precio real de la operación ya que de lo contrario, en caso de conflicto nos resultará muy complicado poder reclamar la devolución del dinero.

 5º.- Con respecto a los impuestos que gravan la compraventa, debemos saber que si la compra se realiza entre particulares, estará exenta de IVA pero devengará el impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuyo pago corresponde al comprador y cuyo tipo impositivo suele estar en torno al 4%. Pero si la compraventa se realiza por un vendedor que tenga la condición de profesional hípico, como pudiera ser un marchante, un ganadero o un jinete profesional, la operación estaría sujeta al IVA, al tipo general aplicable en el momento de la transmisión (actualmente al 21%).

 6º.- El objeto o disciplina al que se destinará el caballo es importantísimo, ya que si por ejemplo compramos un caballo para competir en doma clásica y resulta que éste no reúne dichas cualidades aunque sirva para otros fines, el contrato podría declararse NULO con independencia que se hayan rebasado los plazos legales de cuarenta días para el ejercicio de las acciones por vicios ocultos.

 7º.- La realización o no de un examen de pre compra, es un dato que conviene dejar recogido en el contrato de compraventa, ya que se podría desplazar la responsabilidad del vendedor al veterinario que realizó el examen, en caso de error en su dictamen.

 8º.- Sabemos que un caballo puede lesionarse o enfermar en cualquier momento, por lo que resulta conveniente señalar el lugar y momento de la entrega de la posesión del caballo y si hubiera que transportarlo determinar quién corre con los gastos y responsabilidad de dicho traslado.

 9º.- Respecto a los plazos para reclamar por vicios ocultos, nuestro Código Civil establece que las acciones tendrían que interponerse en el plazo de cuarenta días naturales. En la práctica hemos visto que es muy difícil cumplir estos plazos por lo que en base al principio dispositivo que rige en nuestro derecho civil, las partes libremente pueden acordar un plazo mayor, por lo que es un aspecto que intensaría negociar en función de los intereses del comprador y vendedor.

 10º.- Por ultimo recomendamos que se designe un Juzgado de capital de provincial como fuero expreso para caso de litigio, evitando los mayores costes de desplazamiento y retraso que suelen acumular los juzgados competentes en el ámbito rural.