10 THINGS TO CONSIDER BEFORE SHARING A HORSE

1.- Although it seems obvious, writing a simple share horse contract will avoid many future problems. It is also important to sign the date, place of subscription of the document, and fill in all the data of both parties in the contract and the shared horse

2.- Indicate who is responsible for all farrier, veterinary and livery costs

3.- The share contract period. We recommend that a term shall be established in months with the possibility of continue until terminated by either party

4.- The stables where the horse is going to be kept and the prohibition to move it without authorization of the owner

5.- The use for which the horse is allocated and the duties of the sharer-rider who receives the horse

6.- The authorization to the sharer to attend equestrian competitions with the horse

7.- The sharer won’t allow any other person to ride the horse without the owner’s prior permission

8.- A veterinarian clinic shall be designated just in case of horse emergency.

9.- If the sharer is required to subscribe a rider insurance cover for all activities with the horse

10.- To settle a base in case the horse is sold, so the share contract can be cancelled in advance and the sharer may have a right to receive any commission

¿COMO FUNCIONA EL CORRETAJE DE CABALLOS EN ESPAÑA?

La mediación o corretaje de caballos, cuya licitud se admite al amparo del artículo 1255 del Código Civil, es aquel contrato en virtud del cual una persona interesada en adquirir un caballo, encarga a un profesional que le sirva de intermediario para localizar y conseguir la venta de un équido, recibiendo una retribución a cambio de sus gestiones.

En España a diferencia de otros países de nuestro entorno, no existe ninguna ley específica para regular el corretaje de caballos por lo que este contrato calificado por la doctrina como “atípico” se tendrá que regular en base a lo que libremente acuerden las partes, siendo recomendable que se regule mediante un documento por escrito en el que se plasmen todas las condiciones del negocio al igual que en su caso, respecto del futuro contrato de compraventa de caballo.

La costumbre en este tipo de operaciones es que el corredor reciba una cantidad equivalente al 10% del precio de compra más el IVA correspondiente y que esta cantidad sea abonada íntegramente por el vendedor. Sin embargo, es posible establecer que ambas partes paguen la comisión, que la abone únicamente el comprador o cualquier otra norma o condición en virtud de la libertad de pactos que rige en este tipo de actividad.

No existe ningún contrato tipo para esta actividad, por lo que en cada caso habría que realizar un contrato específico que se adapte a las necesidades del negocio, y posteriormente ir adaptándolo a los cambios y a la experiencia acumulada para evitar las numerosas situaciones de conflicto que se generan cuando los acuerdos no están claros ni constan en el correspondiente contrato por escrito.

¿ES POSIBLE RECLAMAR UNA INDEMNIZACIÓN POR UNA CAÍDA DURANTE UN PASEO A CABALLO CON MONITOR?

Los accidentes a caballo son frecuentes y previsibles, por lo que aplicando la teoría de la asunción del riesgo en la práctica deportiva, salvo en determinadas circunstancias en las que la culpa sea imputable a un agente externo, las consecuencias de una caída deben ser asumidas por el propio jinete que ha de conocer el riesgo potencial que genera la práctica de la equitación.

Sin embargo, si el accidente se produce cuando el jinete o la amazona poseen un escaso nivel de equitación, podría existir responsabilidad tanto del monitor como de la empresa hípica y su aseguradora en su caso, quienes responderán solidariamente ante una reclamación indemnizatoria del perjudicado.

Existen numerosas sentencias en la que los Tribunales entienden que quien se lucra de una actividad económica que genera riesgos, y por tanto, susceptible de causar daños, debe responder de ellos, máxime cuando sus clientes, son personas inexpertas o en proceso de aprendizaje. En este sentido, la jurisprudencia sobre la base del artículo 1.104 del Código civil, señala que se presume la existencia de responsabilidad del monitor de equitación, cuando se acredite que no ha desplegado toda aquella diligencia que una persona normal deba adoptar en una situación idéntica a aquella en que se encuentre el alumno en el momento del cumplimiento del contrato. Esto significa que el monitor debe tener previstas todas las medidas de seguridad a su alcance para evitar cualquier accidente ante la ignorancia y escasa destreza de sus clientes, lo que implica que los caballos tengan una doma y carácter adecuado para la actividad, que las guarniciones y equipos estén en optimo estado, que los estribos sean de seguridad, que se obligue a los jinetes a llevar casco con tres fijaciones, que los itinerarios sean seguros, que esté previsto un plan de evacuación etc…

Las cuantías de las indemnizaciones reclamables por el daño sufrido por el jinete comprenderán los gastos médicos, de hospitalización y transporte, mas otra suma por cada día de impedimento que le produjo la caída hasta su curación y las secuelas que en su caso le hayan producido las lesiones, así como cualquier otro concepto incluyendo el daño emergente y lucro cesante.

 

¿SE PUEDE RESOLVER LA VENTA DE UN CABALLO DEFECTUOSO DEPUES DE LOS CUARENTA DIAS?

El artículo 1.494 del Código civil excluye de la aplicación del plazo de caducidad de cuarenta días establecido como regla general para la reclamación por vicios ocultos o redhibitorios en los supuestos de venta de animales que padezcan enfermedades contagiosas y cuando resultaren inútiles para el servicio o uso para el que se adquieren.

En este segundo supuesto, si acreditamos que como consecuencia de los defectos del caballo, este va a resultar inútil para el uso al que iba a ser destinado, se produciría un incumplimiento del contrato por inhabilidad del objeto y la consiguiente insatisfacción del comprador, y en tales casos se podría acudir a la protección dispensada en los artículos 1101 y 1124 del Código Civil dado que la ineptitud del caballo para el uso al que debía ser destinado permite la interposición de una acción por incumplimiento del contrato y no por vicio redhibitorio, Ambas acciones podrían incluso interponerse simultáneamente resultando que frente al plazo de 40 días para la acción redhibitoria, para interponer esta acción por incumplimiento contractual es de cinco años de conformidad con lo señalado en el artículo 1964 del Código Civil.

No obstante, para que prospere nuestra demanda, habría que aportar pruebas suficientes para acreditar cual era el uso o destino del caballo adquirido, así como que los defectos o patologías detectadas tienen de forma indubitada origen en una fecha anterior a la entrega del animal, momento en el que se entiende perfeccionada la compraventa. Por último, el precio y la forma de pago en los supuestos que la compra se realizara en efectivo, podrían ser un hecho controvertido, por lo que siempre recomendamos que se redacte algún documento que lo certifique.

MUERTE DE CABALLOS POR INTOXICACION ALIMENTARIA

Uno de los mayores problemas que se pueden generar para los responsables de un club hípico es que se produzca en sus instalaciones la muerte de varios caballos por una intoxicación alimentaria, dado el perjuicio para sus clientes, el daño reputacional y las importantes indemnizaciones a las que podría ser condenado.

En la actualidad existen en el mercado, una gran variedad de piensos y productos alimentarios especializados para los caballos de deporte. Sin embargo, a veces ocurre que no todos estos productos gozan de los controles de seguridad necesarios desde el punto de vista de seguridad alimentaria, o se producen fermentaciones por una mala conservación de los mismos o incluso se han dado casos de positivo en un control antidoping al haberse ingerido alimentos que contaban con la presencia de residuos de sustancias y medicamentos prohibidos sin que en el etiquetado se hiciera mención alguna a dicha composición.

Estos supuestos cada vez más habituales, constituyen un grave problema que no está siendo controlado de manera eficiente por parte de la Administración, de ahí que de vernos afectados por un supuesto de intoxicación, muerte o falso positivo de alguno de nuestros caballos, tengamos que acudir a la vía privada para exigir daños y perjuicios al titular del Club y su seguro, o en su caso contra el fabricante y/o el suministrador del producto de conformidad con lo señalado en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias que determina que los suministradores, fabricantes o importadores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que produzcan, comercialicen o distribuyan.

El marco de responsabilidad por productos defectuosos ha experimentado en los últimos años un avance sustancial en beneficio de los consumidores ya que les permite reclamar, en caso de duda, contra cualquier interviniente de la cadena alimentaria sin necesidad de que se deba demostrar la culpabilidad de aquéllos. Sin embargo, la determinación de quién es responsable y cómo se articula la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por parte del afectado es una cuestión que presenta en la práctica numerosas dificultades por cuanto que resulta necesario acreditar mediante una prueba pericial por un lado la causa y el alimento que ha provocado la intoxicación y en segundo lugar que no se cometieran negligencias en la manipulación, conservación de los alimentos o caducidad en la fecha de consumo.

La jurisprudencia ante supuestos de reclamación por intoxicación alimentaria de caballos viene admitiendo que la prueba del defecto y más aun de la relación causal – núcleo fundamental de todos los litigios- puede ser muy difícil para el perjudicado, lo que hace que en ocasiones el juzgador haya de acudir a la prueba de «presunciones de causalidad» cuando, aunque sea difusamente pueda detectarse algún grado de atribuibilidad consecutivo a la simple aparición o surgimiento del siniestro dentro de las coordenadas que objetivamente delimitan el ámbito de la actividad de que se trate.

Como conclusión, los responsables de los clubes de polo deben estar muy atentos a este riesgo inherente a su actividad diaria y tener siempre presente la necesidad de contar con fabricantes o suministradores de piensos de garantía, así como tener siempre acreditado que su almacenaje, suministro y manipulación se realiza conforme a las especificaciones del fabricante o características del producto, y en cualquier caso resultará muy recomendable como medida preventiva, la suscripción de un buen seguro de la explotación que permita cubrir diligentemente cualquier un siniestro de estas características sin perjuicio que posteriormente se pueda repetir la reclamación contra el fabricante o suministrador responsable.

REQUISITOS PARA INTERPONER UNA DEMANDA JUDICIAL POR MALA PRAXIS VETERINARIA

La responsabilidad médico-veterinaria basada en la negligencia profesional responde a idénticos parámetros que la medicina humana: el médico no se compromete a curar, sino a intentar curar, obligándose a la utilización de cuantos elementos conozca la ciencia (médico-veterinaria) de acuerdo con las circunstancias crónicas y tópicas en relación al caballo, dando la información del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos y realizando las pruebas necesarias para emitir un diagnóstico exacto, siendo por tanto censurables y generadoras de responsabilidad civil todas aquellas conductas en la que se produzca omisión, negligencia, irreflexión, precipitación e incluso rutina que causen resultados nocivos.

La jurisprudencia tiene establecido que la actuación de estos profesionales debe regirse por la denominada lex artis ad hoc, lo que significa que el veterinario no está obligado a curar, sino a proporcionar al animal todos los cuidados que requiera según el estado de la ciencia. En definitiva, la relación entre el cliente y el veterinario genera obligaciones de medios y no de resultados, pues no garantiza la curación y sí el empleo de las técnicas más adecuadas.

Para poder iniciar una reclamación judicial y obtener una indemnización será necesario probar mediante un buen informe pericial la existencia de un error en el diagnóstico o en la aplicación del tratamiento curativo y un nexo causal entre la actuación culposa o negligente del veterinario y el resultado dañoso.

Normalmente los veterinarios tienen suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional, bien a título individual o a través de su respectivo Colegio Profesional, que les cubre estas contingencias por lo que la acción podrá ser dirigida contra su aseguradora o contra ambos solidariamente.

La demanda deberá interponerse en el Juzgado de primera instancia correspondiente al domicilio del veterinario o de la aseguradora en su caso, y el plazo será de cinco años al tratarse de una responsabilidad contractual.

¿LA PUBLICACION DE UNA NOTICIA SOBRE UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL DEL PRESIDENTE DE UNA FEDERACION HIPICA PUEDE ATENTAR CONTRA SU DERECHO AL HONOR?

El derecho a la libertad de expresión y de la información está reconocido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española que reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión. El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la libertad de información, no solo protege un interés individual sino que entraña el reconocimiento y garantía de la existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático.

Por otro lado, es cierto que el derecho al honor también está garantizado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, por lo que cuando se produce una colisión o conflicto entre ambos derechos la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal se ha pronunciado  reiteradamente que prevalecerá el derecho a la información sobre el derecho al honor, siempre que concurran estos tres requisitos: veracidad informativa, interés público y ausencia de manifestaciones insultantes.

En consecuencia, si la noticia publicada esta contrastada y fuera cierto que existe una denuncia o actuación por fraude fiscal, se trataría de un hecho relevante de interés general dada la condición del denunciado de Presidente de una Federación deportiva, máxime si está dirigido a los aficionados hípicos por lo que si el periodista se limitara a reproducir los hechos o incluso a dar su opinión sin incurrir en ninguna manifestación vejatoria o injuriosa, cabría señalar que la noticia no estaría vulnerando el derecho al honor del directivo federativo y por tanto cualquier acción penal contra el medio de comunicación tendría muy corto recorrido.

CONSECUENCIAS DEL BREXIT PARA EL DEPORTE DEL POLO

Tras el referéndum celebrado en el Reino Unido en el mes de junio de 2016, con un resultado de un 51,9% a favor del “Brexit”, los británicos han optado por abandonar la Unión Europea (UE), donde ingresaron en 1973 cuando por entonces el bloque era conocido como la Comunidad Económica Europea. El pasado 29 de marzo de 2017 el gobierno del Reino Unido notificó formalmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la UE. Tras ello se ha abierto una fase de negociaciones que concluirá el próximo 29 de marzo de 2019, fecha en la que, en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido estará fuera de la UE.

Las negociaciones para la desconexión del Reino Unido de la Unión Europea están siendo muy lentas y complicadas dada la cantidad de intereses económicos, financieros y comerciales que están en juego, por lo que es posible que se pacte un periodo transitorio a partir del 30 de marzo de 2019, durante el cual el Reino Unido permanecería en el mercado único y la unión aduanera, así como bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE. Una vez transcurra el periodo transitorio, la realidad es que irreversiblemente el Reino Unido dejará de formar parte de la UE, con lo que dicho estado aplicará sus propias leyes en materias que afectarán sensiblemente a la actividad económica en su relación con los restantes estados miembros de la UE.

 El deporte en general y el Polo en particular, tanto en su dimensión social como en su indisoluble vertiente económica, se verán necesariamente afectados por esta nueva situación. Es cierto que la aplicación de las normas económicas comunitarias a la actividad deportiva ha sido objeto de importantes controversias jurídicas dado que en el tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea, no existía ningún título competencial expreso que regulara la materia deportiva. Ante esta ausencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ido desarrollando una importantísima jurisprudencia sobre la aplicación al deporte, de las normas reguladoras del mercado interior comunitario. Las primeras Sentencias datan de 12 de diciembre de 1974, “asunto Walrave” y de 14 de julio de 1976, “asunto Doná”. En estas resoluciones el TJUE estableció que el derecho comunitario era aplicable a la actividad deportiva cuando esta constituya “actividad económica”. Posteriormente, la conocida Sentencia de 15 de diciembre de 1995, sobre el “caso Bosman”, convulsionó las estructuras deportivas, al declarar que las cláusulas que limitaban alinear a un determinado número de jugadores profesionales de otros estados miembros, constituían un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores en la UE, y por tanto, estas limitaciones resultaban contrarias al artículo 48 del Tratado de la CE (actualmente art. 39).

La jurisprudencia del TJUE, ha motivado importantes modificaciones en los reglamentos de las federaciones deportivas nacionales de los estados miembros de la UE, que irrevocablemente, han tenido que adaptarse a las exigencias del Derecho Comunitario, de ahí que en los Reglamentos de la Real Federación Española de Polo (RFEP), existan los mismos derecho de acceso a las competiciones deportivas de los jugadores españoles, comunitarios y residentes.

 En el momento que el Reino Unido deje de formar parte de la UE, y no se lograra alcanzar ningún acuerdo sobre la libre circulación de trabajadores en ambos territorios, los jugadores profesionales de polo de nacionalidad británica, pasarán a ser considerados extranjeros no comunitarios con lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 4 del Reglamento General de la RFEP, en los torneos oficiales no podrá jugar ningún jugador no comunitario esponsorizado no residente con menos de 3 goles de hándicap, a no ser que ya tenga hándicap español y que hayan jugado uno de los torneos oficiales del calendario de la RFEP y hayan sido examinado por la mayoría de los miembros del comité de hándicap.

 Paralelamente, como consecuencia del Brexit, los jugadores españoles que quieran participar en torneos oficiales de polo en el Reino Unido, también encontrarán mayores dificultades en el acceso y participación en los torneos que se celebren en el Reino Unido, aunque lo cierto es que la Hurlingham Polo Association (HPA) a diferencia de los que ocurre en la RFEP, nunca ha aceptado equiparar los derechos de los jugadores nacionales con los comunitarios, a los que denomina “migrant” sin distinción alguna con el resto de extranjeros no comunitarios, los cuales tendrían que jugar con un hándicap mínimo con independencia de su hándicap real, en todos sus torneos del mediano y alto hándicap, por lo que en este sentido no creemos que vaya a ser relevante la nueva situación.

 En definitiva, aunque todavía pueda ser pronto para conocer las verdaderas consecuencias que tendrá en Brexit sobre el deporte del polo, resulta innegable que afectará a numerosos equipos con jugadores británicos esponsorizados que participen en torneos de polo españoles, que se verán igualmente condicionados por otras restricciones de similar naturaleza a las que se deriven en materia económica en otros aspectos comerciales más allá de la obtención de la residencia o permisos de trabajo, como por ejemplo la compraventa de caballos de polo, el transporte de los caballos entre ambos territorios, así como los posibles aranceles a la compraventa de otros bienes y servicios relacionados con la práctica del polo así como su régimen fiscal.

HOW TO START-UP AN EQUESTRIAN CLUB IN SPAIN

The start-up of an equestrian center in Spain, requires first defining the legal regime on which you want to operate. Since it is a commercial activity that can be developed through a physical person as an independent professional, a commercial company, a sports association or even through a foundation.

Before deciding which legal form to use, we must conveniently assess the economic objectives of the activity, the possible need to obtain financing, the number of partners we have, as well as the most convenient taxes.

The benefits of the self-employed are subject to the IRPF tax in the corresponding scale, while the mercantile companies are taxed by the Corporation Tax at a fixed rate. The advantage that their partners will not respond with their equity (except cases of fraudulent management), of the debts contracted by the company.

The clubs or sports associations, like the foundations, enjoy greater tax advantages, since they are exempt from Corporate Tax because they are non-profit entities. These entities can hire personnel and perform all kinds of economic activity with the particularity that they cannot distribute benefits among their promoters. In this case of obtaining benefits they must always be reinvested in the fulfillment of the entity’s purposes.

Firstly, for the constitution of a sports association or «Equestrian Club» to be formed, we must write a founding act by at least three partners, in which a provisional Board of Directors (President, Secretary and Treasurer) will be appointed to carry out the execution all the necessary legal procedures.

Secondly, it will be necessary to elaborate the Bylaw, whose content must be in accordance with the sports legislation of the Autonomous Community where the Club has its address, and must be registered in the Register of Sports Entities authorized for this purpose.

Thirdly, once recorded in the corresponding Registry of Sport Entities, you must request the issuance of a federative license in the corresponding equestrian federation. After which, we will have completed all the necessary procedures for the constitution of an «Equestrian Club».

Finally, we will get a tax identification number from the tax administration office, and then request the town hall administration for the activity license and opening license.

¿QUIEN SE ADJUDICARÍA EL CABALLO PROPIEDAD DE UNA PAREJA EN CASO DE RUPTURA?

Cuando se produce la ruptura sentimental de una pareja que ha compartido la titularidad de un caballo resulta necesario que sus propietarios alcancen un acuerdo respecto a su atribución o destino. Sin embargo con frecuencia ocurre que como consecuencia de intereses contrapuestos o incluso por los lazos de afectividad hacia estos bellos animales, no sea posible alcanzar una solución negociada, lo que nos obligaría a acudir a los Tribunales para determinar a quién le corresponde su uso y disfrute así como la obligación de sufragar los gastos de pupilaje y mantenimiento.

Nuestro ordenamiento jurídico califica a los caballos como semovientes, lo que implica que pueden ser propiedad de un solo dueño o copropiedad de varias personas, por lo que cuando se adquiere un caballo de manera conjunta por una pareja sentimental de cualquier tipo, incluso aunque estén casados y con independencia de su régimen económico, debemos acudir a las normas de la comunidad de bienes reguladas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil. No obstante, dado se trata de un ser vivo que por su naturaleza es indivisible además de requerir unos cuidados diarios, las únicas opciones posibles serían que el bien pasara a alguno de los dueños con obligación de abono al otro copropietario de una indemnización, que el caballo se vendiera a un tercero y se repartiera el precio o por ultimo que se establezca una tenencia compartida del animal por determinados periodos de tiempo

La jurisprudencia en los últimos años en supuestos similares, se viene pronunciado estableciendo como solución más favorable la atribución de un régimen de uso alterno (al igual que ocurre con la custodia compartida) de manera que cada propietario pueda disfrutar en exclusiva del caballo durante periodos trimestrales o semestrales asumiendo cada parte los gastos de su mantenimiento en igual proporción, mientras los copropietarios no quieran vender el animal.